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LA VIRTUALIDAD EN LA JUSTICIA NO ES EL PROBLEMA.

Septiembre 24 de 2021

Si bien, la intención de implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sistema judicial colombiano ya se había contemplado normativamente desde mucho antes de la inserción del mundo en la actual pandemia, con la Ley estatutaria 270 de la Administración de Justicia del año 1996 y el Código General del Proceso, fue gracias a este fenómeno sanitario mundial que se hizo realmente evidente la imperiosa necesidad de implementar la virtualidad en la administración de justicia a fin de evitar una mayor parálisis del sistema judicial colombiano. Fue así como en el marco de la crisis sanitaria mundial, del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado en Colombia en el 2020, y de la emergencia sanitaria todavía vigente, que la virtualidad se empezó a imponer sin otra alternativa en la administración de justicia, y en consecuencia, aquélla tuvo que ser acogida con improvisación por parte de la rama judicial y sin anestesia por parte de los operadores judiciales, los funcionarios de los despachos, y en general por los usuarios de la justicia colombiana. Lo anterior explica el por qué siendo la virtualidad per se una herramienta tan valiosa para la optimización de los procesos humanos, ha resultado ser poco efectiva, y más bien, traumática tanto para el sistema judicial colombiano como para los usuarios de la justicia.

Una virtualidad al servicio de la administración de justicia bien concebida, apropiadamente ejecutada y correctamente asimilada por parte de los operadores judiciales, funcionarios de la rama judicial, sujetos procesales, intervinientes y apoderados, reportaría sin lugar a dudas importantes beneficios que se traducirían en una gran optimización de los procesos judiciales y en general de la prestación del servicio a la justicia. Gracias a una justicia virtual se elimina la necesidad del desplazamiento físico a los despachos judiciales por parte de los sujetos procesales, sus apoderados, testigos y demás partes intervinientes en el proceso, ya que desde el lugar en que se encuentren podrán participar en audiencias virtuales, solicitar y revisar los expedientes digitales de los procesos, realizar consultas sobre el estado de sus procesos, presentar memoriales electrónicos, notificarse de autos y sentencias, etc. Igualmente se esperaría que la virtualidad contribuyera significativamente a la optimización del desarrollo de las actuaciones judiciales y a mejorar el desempeño laboral de los funcionarios de los despachos, propendiendo todo ello a una mayor celeridad en la evacuación de procesos.

En Colombia, no es apropiado manifestar que ya contamos con una justicia virtual porque además de impropio, se estaría insinuando que la virtualidad es la raíz de los reveses de la administración de justicia y objetivamente no es así. Mas apropiado es manifestar que hoy nos encontramos en una fase experimental de la virtualidad de la justicia, introducida por el Decreto 806 de 2020 , que aunque no ha sido del todo negativa porque gracias a ella el aparato judicial colombiano no se encuentra completamente paralizado en medio de la emergencia sanitaria del Covid-19 aún vigente, no deberíamos a estas alturas encontrarnos en una fase aún tan inmadura de la virtualidad además de improvisada, considerando que desde el año 1996 con la Ley estatutaria 270 de la Administración de Justicia se empezó a concebir la importancia de la implementación de las Tics en el sistema judicial colombiano, igualmente se reforzó este propósito en el Código General del Proceso y en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

Aún no contamos con una justicia virtual porque existen la dos mas importantes barreras para ello: 1. La brecha digital que mantiene privados a muchos colombianos de determinas zonas del país del acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Por ejemplo: No se puede hablar de justicia virtual si nos encontramos casos donde un juez debe suspender una audiencia pública virtual porque las partes más interesadas se ven imposibilitadas para participar por no contar con conexión a internet en las zonas del país donde se encuentran. 2. La insuficiencia de recursos tecnológicos al servicio de la administración de justicia que por ejemplo garantizara la rápida digitalización de todos expedientes judiciales, sin dificultad alguna. Aunado a lo anterior, parece ser que hay una resistencia al cambio de mentalidad por parte de algunos operadores judiciales, funcionarios de la rama judicial y usuarios de la justicia, que probablemente tiene su razón de ser en la falta de una idónea capacitación en el manejo de las herramientas tecnológicas al servicio de la justicia.

En la Declaración conjunta sobre el acceso a la justicia en el contexto de la pandemia del Covid-19 , la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas observaron que: “… el uso de medios tecnológicos en la prestación de servicios de justicia ha tenido en ocasiones un impacto negativo en el acceso a la justicia de algunos sectores de la población como consecuencia de la brecha digital existente, ya que el uso de estos medios presupone el acceso a medios electrónicos y al conocimiento tecnológico para acceder a los servicios de justicia. Además, existe una falta de cobertura en varias partes del territorio de los Estados”.

Considerando lo anterior, la CIDH y el Relator Especial de la ONU exhortaron a los Estados para que tomen medidas positivas para reducir la brecha digital y así puedan garantizar el acceso a un internet asequible y pluralista a todas las personas que se encuentren en su territorio.

Paralelo a los traumatismos sufridos por la justicia colombiana debido su experimentación con la virtualidad en tiempos de crisis, pareciera ser que algunos jueces y funcionarios de la rama judicial en la actual coyuntura han optado por mermarle ritmo a su desempeño laboral, o hasta han tomado el trabajo remoto como una licencia remunerada para descansar, muchas veces amparados en uno que otro inconformismo por sus condiciones laborales y escasas garantías para retornar a la presencialidad. Lo cierto es que independientemente de las causas justificadas o no que tengan los operadores judiciales y funcionarios de la rama para actuar de una u otra manera, este contexto se está prestando para el entorpecimiento del aparato judicial que a su vez ocasionaría la prestación deficiente del servicio a la justicia, y en consecuencia, derivaría en la nula satisfacción del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia contemplado en el artículo 229 de la Constitución Política de 1991.

En conclusión, sabiendo que el poder judicial es un pilar fundamental para la protección y promoción de los derechos humanos, y que la virtualidad ya no debe ser vista como una opción sino como una necesidad para la administración de justicia, el Gobierno Nacional debe hacer su mejor apuesta por reducir significativamente la brecha digital en el territorio colombiano, focalizar una importante inversión para la provisión de infraestructura tecnológica al servicio de la rama judicial, y también brindar capacitaciones idóneas para los funcionarios judiciales y usuarios de la justicia sobre el manejo de las TICS. Por su parte, los jueces y funcionarios de la rama judicial no se deben amparar más en la modalidad del trabajo remoto y en las falencias de la virtualidad para las demoras exageradas e injustificadas en el cumplimiento de sus funciones, ya que esto repercute directamente en la afectación del derecho fundamental al acceso a la justicia de muchos colombianos.

Por: Juliana Rey Ramírez-Abogada vinculada-Indemnizaciones Paz Abogados